El gobierno de Javier Milei logró la aprobación en el Senado de la ley de adhesión al Tratado de Cooperación en Patentes (PCT, por su sigla en inglés), marcando un triunfo político histórico tras 28 años de espera, al tiempo que envió una señal concreta de alineamiento a Estados Unidos, cuya administración de Donald Trump solicitaba la sanción de esta norma.
La iniciativa recibió 47 votos a favor y 22 en contra después de un breve debate, consagrando la adhesión de Argentina a un Tratado que establece que una vez registrada una patente, esta tendrá validez por 20 años en el resto de las naciones adheridas al PCT, actualmente 158. Esta normativa beneficiará sobre todo a desarrollos científicos y/o industriales.
El Tratado no establece una patente global, sino que fija un procedimiento internacional de cooperación para facilitar el registro, la búsqueda y la tramitación de solicitudes de patentes. Por esta razón, el oficialismo sostiene que el PCT permitirá a las empresas argentinas innovadoras y al CONICET expandirse a nivel internacional. La oposición, en cambio, advierte que esto podría dañar a la industria de los medicamentos genéricos.
La relevancia para el gobierno de Milei radica en que se trata de un compromiso asumido en el acuerdo comercial con EE.UU. firmado en febrero. Este acuerdo aún no comenzó a implementarse, y una de las traba fue la demora del Congreso en aprobar la adhesión al PCT.
Sin embargo, la espera no fue culpa de Milei. El proyecto de adhesión ya había sido aprobado por el Senado en 1998, pero Diputados nunca lo trató. El Gobierno volvió a darle impulso tras la firma del acuerdo comercial, y la Cámara baja finalmente aprobó el 27 de agosto, aunque con una modificación impulsada por los laboratorios locales, lo que obligó a que el Senado lo revisara nuevamente.
Si bien la adhesión al PCT abarca todos los productos e innovaciones científicas e industriales, la disputa política en Argentina se centró en el sector farmacéutico.
El enfoque estratégico que Milei da a su relación con EE.UU., especialmente con Trump, fue el principal motor que llevó al oficialismo a reactivar el proyecto en el Congreso. En el marco de ese alineamiento, Washington presionó por la adhesión al PCT, mientras los laboratorios argentinos hacían lobby en sentido contrario.
La reintroducción del proyecto en la agenda del Congreso intensificó este lobby cruzado. Los laboratorios agrupados en CILFA se opusieron desde el principio, argumentando que la adhesión al PCT encarecería los medicamentos producidos localmente y retrasaría el acceso de productos genéricos al mercado.
Sin embargo, la presión para frenar o, al menos, modificar el proyecto tenía otro trasfondo: la falta de adhesión de Argentina al PCT permitía a varios laboratorios replicar fórmulas de compañías internacionales y patentar medicamentos a nivel local.
El gobierno de EE.UU. no se quedó atrás. En agosto, el embajador en Argentina, Peter Lamelas, pidió una rápida aprobación parlamentaria para adherir al PCT, prometiendo que este paso fundamental en la cooperación comercial podría traer u$s 8.000 millones en inversiones durante los próximos seis años. Este fue otro argumento para el renovado impulso de Milei al proyecto.
No obstante, la presión más efectiva provino de los laboratorios locales, que lograron que Diputados excluyera del proyecto la adhesión al capítulo del Tratado que asegura la validez automática de dictámenes de patentabilidad de agencias extranjeras. Sin embargo, esto no impidió que el embajador de EE.UU. insistiera en la sanción definitiva de la ley.
Tras la aprobación en Diputados, que devolvió el proyecto al Senado, entró en juego un nuevo elemento: la derrota de Trump en las elecciones de medio término. Esto elevó la importancia de la adhesión al PCT para Milei, ya que ese revés generó dudas sobre la disposición de Washington para asistir financieramente al Gobierno si las elecciones nacionales de 2027 generaban, como en 2025, una corrida cambiaria.
Con Trump perdiendo el control del Congreso a manos de los Demócratas, que son muy críticos de la asistencia de u$s 20.000 millones a Argentina, el gobierno de Milei necesitaba ofrecer una demostración más clara de alineamiento con EE.UU., no solo hacia el presidente actual, sino hacia todo el establishment político norteamericano. Esto se concretó con la aprobación del Senado del proyecto, incluso con la modificación solicitada por la industria farmacéutica local.
Para que finalmente la ley de adhesión al PCT sea sancionada, el oficialismo en el Senado tuvo que aceptar el cambio propuesto en Diputados, la cual fue aprobada con 147 votos afirmativos y 93 negativos. Para alcanzar esa cifra, cedieron ante la industria farmacéutica local e incluyeron una "reserva" del Capítulo II del PCT.
Este capítulo establece un procedimiento de Examen Preliminar Internacional, un informe de patentabilidad no vinculante emitido por agencias de propiedad intelectual extranjeras antes del ingreso de la solicitud a las oficinas nacionales competentes. Con esta modificación, Argentina no está obligada por ese capítulo.
La "reserva" que implementó Diputados asegura que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) mantiene la plena potestad para realizar el examen de fondo y la evaluación de patentabilidad de las solicitudes conforme a la legislación nacional, sin estar sujeto a exámenes preliminares ni opiniones de agencias extranjeras.
Esto fue impulsado por laboratorios agrupados en CILFA para evitar una práctica conocida como "evergreening", que facilita la extensión indefinida de monopolios sobre patentes mediante leves modificaciones en principios activos de medicamentos.
La aprobación de la ley de adhesión tal como llegó desde Diputados implica que Argentina sí adhiere al Capítulo I del PCT, permitiendo a innovadores y empresas nacionales presentar una única solicitud en su idioma y ante la oficina local, recibiendo a cambio un informe internacional que indica posibilidades reales de obtención de la patente, con un plazo de hasta 30 meses para definir en qué países buscar protección.
El debate en el recinto se centró en la relación entre Milei y el gobierno de Donald Trump y el impacto de la nueva ley en la industria farmacéutica de ambas naciones. Hubo pocos oradores, pero sus intervenciones fueron contundentes.
El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, fue uno de los más críticos y sostuvo que el Tratado busca principalmente "la protección de los intereses de la industria farmacéutica de los Estados Unidos" y advirtió: "Esto afecta a nuestra industria de medicamentos genéricos. Vamos a pagar 40% más caros los medicamentos".
La respuesta vino de Francisco Paoltroni, senador libertario y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores que trató el proyecto, quien es rival político de Mayans y del gobernador Gildo Insfrán. "Es una desinformación", acusó el oficialismo al cerrar el debate.
"Esto no es un tratado de libre comercio, sino de cooperación en patentes. Tampoco es de Estados Unidos, es un tratado internacional que ya adhirieron 158 países, creado en 1970 y que en esta Cámara, durante el gobierno menemista al que adhirió el senador Mayans, tuvo media sanción", disparó Paoltroni.





