La conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitó a la Justicia Federal una medida cautelar para detener la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que comenzará a regir desde el 1° de diciembre. Desde el sindicato explicaron que buscan proteger los derechos previsionales y de seguridad social de millones de trabajadores activos, jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que aportan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Específicamente, pidieron la suspensión de la aplicación del artículo 76 de la Ley 27.802, del artículo 24 del Decreto 408/26 y del Decreto 1228/26, así como de otras resoluciones del ARCA, advirtiendo que estas normativas reducen las contribuciones patronales y desfinancian al SIPA y a los regímenes de:
El secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que "esto no es un Fondo de Asistencia Laboral, es un Fondo de Asistencia Empresarial financiado con la plata de los jubilados" y subrayó que "con el FAL van a fundir, van a quebrar un sistema previsional que ya venía golpeado. Estamos frente a un desfinanciamiento de la ANSES sin precedentes, multimillonario.
La Justicia debe intervenir con urgencia en favor de los intereses de uno de los sectores más afectados por el ajuste de Milei, que son los jubilados".
Aguiar expresó que "a los jubilados ya les quitaron casi todo. Cobran la mínima, les sacaron los medicamentos del PAMI y ahora les quitan la plata para financiar los despidos de las empresas" y argumentó que "los despidos los deberían pagar los bancos, las petroleras y las cerealeras, que han tenido ganancias siderales con el Gobierno de Milei".
La presentación del gremio exige la suspensión de los dos artículos que obligan a financiar el FAL con recursos de la Seguridad Social y que las patronales busquen otra forma de reunir esos fondos, sin afectar al sistema previsional.
Según ATE, una parte del dinero que actualmente financia las jubilaciones "pasaría a cuentas que manejan las empresas a través de bancos y fondos de inversión", advirtiendo que "ese dinero es en realidad parte del salario de los trabajadores, y debería seguir destinado a la seguridad social".
Además, argumentaron que, de acuerdo a las estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la implementación del FAL implicaría un costo para la Seguridad Social de $4.296 billones en el primer año, equivalente a 744.300 jubilaciones mínimas anuales. Este efecto se presenta en un contexto de pérdida de empleo e informalidad: en marzo de 2026, de 13.471.636 trabajadores ocupados, solo el 45,2% aportó al sistema previsional.
ATE afirmó que las normas cuestionadas violan el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social, y señalaron que vulneran el convenio 102 de la OIT (Parte V, Vejez; Ley 27.284), que, según el gremio, tiene jerarquía superior a las leyes y decretos impugnados, obligando al Estado a garantizar jubilaciones dignas con un financiamiento sostenible.





