La Cámara alta analiza este jueves las modificaciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que incluye cambios para los alquileres con “desalojos exprés”. Si el Senado aprueba el texto con las modificaciones introducidas en Diputados, la norma se convertirá en ley, aunque sus disposiciones no tendrán aplicación automática en la mayoría de las circunstancias.
El enfoque del proyecto radica en la reducción de los tiempos en los procesos judiciales para recuperar inmuebles frente a ocupaciones, falta de pago o vencimiento de contratos. La propuesta establece procedimientos sumarísimos, define una intimación previa para quienes alquilan viviendas y contempla intervenciones específicas cuando en el inmueble residan personas en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa prohíbe que los propietarios desalojen por sus propios medios. Inclusive si hay una deuda o un contrato vencido, el dueño deberá iniciar una demanda y será un juez quien decida si corresponde ordenar el lanzamiento. La ejecución de esa decisión dependerá de la Justicia y podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.
Se espera que este jueves el proyecto se transforme en Ley. El 7 de agosto, el Senado había aprobado el proyecto en general por 37 votos contra 33, pero luego, Diputados introdujo modificaciones durante el debate de la iniciativa. Por lo tanto, hoy la discusión en la Cámara alta se enfoca en esos cambios y en la posibilidad de que el texto se convierta en ley.
Para los inmuebles destinados a uso habitacional, el proyecto establece una instancia previa obligatoria antes del juicio. El locador tendrá que intimar al inquilino de manera fehaciente para que salde la deuda y otorgar un plazo mínimo de 10 días corridos desde la recepción de la notificación.
Si el inquilino no regulariza la situación en ese período, el propietario podrá iniciar una acción de desalojo. La iniciativa prevé que el expediente siga un trámite sumarísimo, con una discusión procesal más limitada y plazos más breves que los de los procesos ordinarios.
El proyecto menciona un plazo adicional de 10 días hábiles para el trámite judicial. No obstante, que se aplique ese plazo no implica que la desocupación se realice de forma automática. El proceso requiere una presentación judicial, la intervención de las partes y una resolución emitida por el juez competente.
La abogada Elisa Cerri explicó que la modificación afecta desde el primer reclamo formal por falta de pago. “El propietario puede intimar al inquilino a que pague y si en diez días no paga, ya le puede iniciar el juicio de desalojo”, señaló.
Cerri indicó que el cambio propuesto acorta la duración de los conflictos que llegan a los tribunales y comparó los tiempos estimados del nuevo procedimiento con los plazos que, según indicó, suelen demandar los juicios actuales. “Hoy un proceso de desalojo puede tardar dos, tres, cuatro años. El juicio sumarísimo, en teoría, debería durar seis meses. Yo creo que en la práctica va a durar de seis meses a un año, pero igual es una baja significativa”, afirmó.
La reforma establece que las demandas por recuperación de inmuebles se tramiten mediante un procedimiento sumarísimo. Este mecanismo busca limitar las etapas procesales y acortar los plazos de discusión, pero no elimina la participación de la Justicia.
El propietario deberá presentar la demanda tras la intimación si el inquilino no paga. Desde ese momento, un juez deberá evaluar la causa y decidir si corresponde el desalojo. La orden de lanzamiento solo podrá ejecutarse después de una decisión judicial.
La iniciativa prevé que, una vez dictada esa orden, la Justicia se encargará de llevarla a cabo. Si es necesario, podrá contar con el auxilio de la fuerza pública. El dueño del inmueble no podrá realizar por sí mismo la desocupación ni sustituir el trámite judicial estipulado.
El proyecto incluye casos de falta de pago y de vencimiento de contrato. Para esas situaciones, incorpora la opción de solicitar una desocupación inmediata bajo caución juratoria, compromiso del solicitante ante la Justicia. Esta medida deberá ser evaluada por el juez que intervenga en el expediente.
Si luego se comprueba que el propietario ocultó hechos o documentos para conseguir la medida, se expone a pagar una multa de hasta 10 veces el monto del alquiler mensual. Esta suma se destinará a la contraparte dentro del proceso.
“En términos generales, las modificaciones buscan reducir la incertidumbre del propietario frente a los incumplimientos contractuales. Habrá que evaluar en la práctica si estas herramientas logran agilizar efectivamente los procesos judiciales”, sostuvo María Laura Canepa, Directora de Lisicki, Litvin & Abelovich. Sin embargo, subrayó que el desafío será conseguir procedimientos más eficaces, sin afectar el derecho de defensa de los inquilinos.
El proyecto contempla una situación específica cuando en el inmueble residan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en condición de desamparo. En esos casos, el juez deberá convocar a los organismos competentes para buscar una alternativa habitacional transitoria.
Entre las áreas que pueden intervenir está el Ministerio Público Tutelar. La participación de estos organismos busca garantizar que las personas afectadas por la situación cuenten con una respuesta de alojamiento temporal durante el desarrollo del caso.
El plazo máximo previsto para esa alternativa habitacional es de 10 días. La intervención de los organismos públicos no paraliza el trámite de fondo ni suspende el juicio de desalojo. La demanda continuará su curso mientras se habilita esa protección transitoria.
La norma distingue la resolución sobre la posesión del inmueble de la asistencia que pueden requerir quienes se encuentran en situación de desamparo. El juez deberá promover la intervención institucional, pero el proceso judicial seguirá sujeto a los plazos y decisiones correspondientes en cada expediente.
Otro aspecto importante de la iniciativa es su alcance territorial. Cerri explicó que las normas procesales no tienen aplicación uniforme a nivel nacional, ya que cada jurisdicción cuenta con sus propios códigos de procedimiento.
“En Argentina los códigos procesales son de aplicación local y los códigos civiles y comerciales son de aplicación nacional”, afirmó. Esta diferencia determina dónde se aplicarán las modificaciones que propone el proyecto en los trámites judiciales.
La reforma modifica artículos del Código Procesal y afectará a la Justicia nacional que opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las provincias mantendrán su autonomía para dictar y aplicar sus propias reglas de procedimiento.
Así, los cambios sobre intimaciones, juicios sumarísimos y solicitudes de desocupación inmediata no se trasladarán automáticamente a todos los tribunales provinciales. Cada jurisdicción conserva la facultad de establecer las normas procesales que rigen en su ámbito.





