"Sí, para mí es mi campo, nuestros campos”, afirmó Lázaro Báez durante la audiencia de formalización de las acusaciones en una nueva causa por lavado de dinero, en la que se lo acusa de comercializar propiedades y estancias que están embargadas y con pedidos de decomiso por parte de la Justicia. El fiscal Julio Zárate le preguntó sobre una expresión que repitió a lo largo de su exposición: “¿Usted ratifica la expresión cuando se refiere a nuestros campos, a mis campos?".
El empresario no dudó en afirmar que eran "suyos" y acusó al Poder Judicial por no designar personas que cuiden de los bienes cautelados. Entre 2010 y 2013, el ex dueño del Grupo Austral adquirió 1.412 bienes muebles e inmuebles distribuidos en siete provincias, siendo la mayor parte en Santa Cruz. En 2016, al tramitar la causa de la Ruta del Dinero K, les asignó un valor de 206 millones de dólares a través del Tribunal de Tasación de la Nación (TTN).
Todos los bienes, según la Justicia, fueron adquiridos a partir de operaciones de lavado de activos. Con la condena por blanqueo ratificada por la Corte Suprema, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) procedió al decomiso para cubrir 60 millones de dólares. Lo mismo realizó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que ejecuta la pena del caso Vialidad, aunque el trámite que ordena el decomiso de 84 bienes pertenecientes a Lázaro Báez y sus empresas está bajo estudio en el máximo tribunal.
A pesar de las medidas cautelares impuestas, que incluyen embargos y órdenes de decomisos, el ex socio comercial de Cristina Kirchner, se considera aún dueño de ese gran patrimonio adquirido de manera ilícita. "Considero que son mis campos, nuestros", afirmó a Julio Zárate. Durante más de cinco horas, el Ministerio Público Fiscal llevó a cabo la audiencia de formalización de los hechos investigados, donde Lázaro Báez fue nuevamente el protagonista.
De acuerdo al sistema acusatorio vigente en la jurisdicción federal de Río Gallegos, la fiscalía, encabezada por Julio Zárate, expuso las pruebas que respaldan las imputaciones y que dieron lugar a la investigación. Desde el penal de Ezeiza, donde cumple una condena unificada de 15 años de prisión, el empresario se pronunció ante las acusaciones de la fiscalía.
"Primero, sería necesario acceder a todas las pruebas y aclaro que cuando se hizo el allanamiento a mi celda, no estuve presente, me retiraron del lugar y la celda quedó abierta sin que pudiera saber si agregaron cosas", replicó Báez. Con un tono calmo y pausado, rechazó las acusaciones presentadas por el Ministerio Público Fiscal, que lo sitúan dentro de la estructura criminal, como jefe y director, impartiendo instrucciones desde el Penal de Ezeiza.
Báez utilizaba una línea telefónica registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal para dar órdenes directas a su equipo ejecutivo (Insaurralde e Ibáñez, que lo trataban como Tío y Tía). Así, el empresario "designaba y removía administradores y disponía de bienes, violando expresamente la incapacidad legal prevista en el artículo 12 del Código Penal, que priva al condenado de administrar o disponer de su patrimonio mientras dure su condena", sostuvo el fiscal Zárate.
Sin embargo, eso pareció no importarle a Lázaro Báez. El empresario se distanció de esas acusaciones. "El fiscal ha tomado elementos específicos de mis cuadernos, refiriéndose a 'banda'. El fiscal debería haberme preguntado a qué se refería en esas anotaciones; en ese cuaderno hay anotaciones sobre 64 causas que me involucran y esa banda representa, en parte, a quienes vaciaron Austral Construcciones.
Si el fiscal averigua bien en la zona de Esperanza podrá encontrar denuncias sobre los vaciamientos de esos campos". La alusión es a 25 documentos secuestrados de su celda; en una de las anotaciones Lázaro Báez mencionó lo que calificó como "El Clan" y citó una serie de nombres, algunos de los cuales están incluidos en este nuevo expediente. Al dar detalles, Báez señaló: "Lo que nosotros hacemos en estos momentos es recuperar toda la información.
Como bien dijo el fiscal, en una carpeta bien detallada hay planteos que debemos presentar ante el TOF 4". En ese marco, el empresario admitió no solo estar interviniendo sobre parte de su patrimonio, sino que también reconoció que no desconocía las órdenes judiciales. "Somos conscientes de las propiedades que ya están en proceso de decomiso, nos lo informó oportunamente el doctor (Néstor) Costabel, presidente del TOF 4.
Estamos al tanto de todos estos activos, y si el fiscal tiene tanta información, debería indicarnos cuáles son los bienes activos que hayamos puesto a la venta o que hemos comercializado, porque no tenemos cuentas", explicó Lázaro Báez. Al continuar con su exposición, informó que en los últimos años hubo un gran número de terrenos "que fueron ocupados, y debería saber que los campos estuvieron abandonados.
Se corrieron los alambres para el pastoreo de ovejas que no tenían autorización para usar nuestros campos, a eso me refería con 'el clan'". Fue en ese momento que criticó al Poder Judicial, al señalar que eran responsables del cuidado de sus activos, indicando que no designaron personas para proteger esas propiedades. Austral Agro estaba intervenida y el doctor Costabel designó a una interventora; cuando terminó esa intervención, se devolvió la administración y se nombraron veedores.
"Desde el primer día se informa constantemente sobre lo que se hace". A pesar de esto, Lázaro Báez informó al juez Claudio Vázquez y a la fiscalía: "Lo que intentamos es recuperar todas las propiedades que han estado abandonadas y que nunca pagaron impuestos; además, hubo quien reclamaba sobre la recaudación fiscal en Santa Cruz. Se ha estado trabajando durante todos estos años para normalizar. La contabilidad está a disposición de la Justicia".
Antes de finalizar la audiencia, se le permitió a la fiscalía tomar la palabra, y en ese momento, ante la reiterada expresión de "mis campos, nuestros campos", el fiscal Zárate le preguntó si confirmaba esos términos. "Considero que todos los campos que uno pueda tener, obtenidos en pos de un proyecto, son muy importantes, y como buen santacruceño amo mi provincia; sí, para mí es mi campo, nuestros campos", resaltó Lázaro Báez.
Minutos antes, había declarado que no estuvo "presente en las negociaciones de los campos, más allá de los audios en los que me informan sobre ciertos temas, o me comunican sobre ciertas situaciones, y a veces no soy tan cuidadoso en las expresiones o palabras usadas".
En más de una conversación, mencionó La Entrerriana, un campo que hace 24 horas fue clausurado por la justicia federal; entre los documentos secuestrados en su celda había un detalle de alquileres de diez estancias por un valor total de 94 millones de pesos. En función de los hechos expuestos por la fiscalía, la calificación provisional de la causa abarca los delitos de lavado de activos agravado por habitualidad y pertenencia a una asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.
El rasgo distintivo de la maniobra consiste en que la red no creó nuevas sociedades fantasma, sino que operó sobre un patrimonio preexistente y judicialmente comprometido —afectado por embargos, depósitos judiciales o decomisos firmes en las causas Ruta del Dinero K y Vialidad, e incluso con inmuebles ya transferidos a nombre de la Corte Suprema— para sustraerlo de la ejecución, mantenerlo productivo y derivar sus ganancias.
El circuito abarcó la explotación agropecuaria de las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, las sociedades Kank y Costilla S.A. y Austral Agro S.A., diversos inmuebles urbanos y comerciales en Río Gallegos y El Calafate, la negociación para vender dos galpones por $250.000.000, y puntos de contacto con economías narco (como el uso de un Ford Mondeo de Báez por una persona investigada por drogas y un camión Scania con documentos falsos secuestrado en Güer Aike).
Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, la organización movilizó un flujo financiero documentado de aproximadamente $390.880.000 mediante fraccionamiento de transferencias, autotransferencias masivas entre cuentas de Jorge Manuel Ulloa por más de $165 millones, apuestas en juegos de azar y remesas directas hacia Insaurralde y hacia una explotación agropecuaria pantalla.





