Con la mirada puesta en la contienda electoral de 2027, el Banco Central se involucró plenamente en la discusión sobre el aumento y la escasez de créditos para las familias. Esta es una variable clave que obstaculiza la recuperación del consumo en una economía que aún no logra despegar.
Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, fue el encargado de presentar datos sobre esta problemática. El funcionario elaboró un informe que indica que una parte significativa de las tasas que abonan las familias se debe a la presión impositiva que ejercen las provincias y, en menor medida, las municipalidades.
El planteo tiene una clara connotación política y se da en un contexto complicado: los créditos destinados al consumo han caído durante seis meses consecutivos, y la morosidad de las familias se sostiene en niveles altos desde hace más de un año.
Queda la cuestión de cuánto de este problema se justifica a través de los impuestos y cuánto se explica por las dificultades de los hogares para cumplir con sus deudas.
Según el Banco Central, los impuestos constituyen el 27,1% del costo financiero total de un préstamo personal y el 28,2% en el caso de las tarjetas de crédito.
Para los préstamos personales, el BCRA estima una tasa nominal anual del 63%, una tasa efectiva anual del 84% y un costo financiero total efectivo del 117%. Este último costo casi cuadruplica la inflación interanual. Del 117%, 32 puntos corresponden a impuestos: 16,5 puntos son por tributos provinciales, 8,2 puntos por el IVA nacional y 2,4 puntos por tasas municipales, según el desglose de la autoridad monetaria.
En el caso de las tarjetas de crédito, la situación es aún más complicada para los consumidores. Con una tasa nominal anual del 80%, el costo financiero total efectivo llega al 163%. De ese total, 46 puntos porcentuales corresponden a impuestos: 17,4 puntos por tributos provinciales, 8,3 puntos por el IVA y 2,5 puntos por tasas municipales.
La conclusión oficial indica que la presión fiscal provincial y municipal sobre la intermediación financiera se traslada al costo de los préstamos.
Werning afirma que los bancos soportan una carga de Ingresos Brutos y tasas municipales que es aproximadamente cuatro veces superior al promedio de otras actividades económicas. Desde esta óptica, una disminución de impuestos podría servir para abaratar el crédito sin necesidad de cambiar la política monetaria.
El mensaje a los gobernadores es claro: para el Banco Central, las provincias poseen una herramienta para disminuir las tasas de interés.
La controversia se intensifica en un panorama donde el financiamiento de las familias sigue mostrando señales persistentes de debilidad. Según un estudio de Equilibra, basado en estadísticas oficiales, los préstamos para consumo retrocedieron un 1,1% real en octubre, descontando la inflación y factores estacionales. Este es el sexto mes consecutivo de contracción.
El descenso más pronunciado se observa en las tarjetas de crédito, donde los saldos financiados cayeron un 2,1% real. Los préstamos personales también mostraron una disminución, aunque menor, del 0,1%.
Este dato es importante porque evidencia las dificultades que enfrenta la economía para recuperar uno de sus principales motores: el consumo de las familias. La estabilidad cambiaria no ha sido suficiente para reactivar el financiamiento, y aunque las tasas de interés han disminuido desde los momentos de mayor tensión financiera, siguen siendo elevadas para muchos consumidores.
La evolución del crédito también varía entre distintos segmentos. Mientras los préstamos hipotecarios crecieron un 2,3% real en octubre, el financiamiento destinado al consumo cotidiano continuó en retroceso.
Para el Gobierno, esta es una señal incómoda: sin una recuperación de los ingresos y del crédito, resulta complejo anticipar una mejora sostenida en las ventas y la actividad económica.
El diagnóstico del Banco Central también sugiere otra discusión: el impacto de la morosidad sobre los costos que aplican las entidades financieras. Los últimos datos disponibles indican que el porcentaje de préstamos a familias con atrasos superiores a 90 días pasó del 12,81% en agosto al 12,20% en septiembre.
Aunque se ha registrado una mejora mensual, la proporción de deudores con dificultades para cumplir con sus obligaciones sigue siendo elevada.
Werning, sin embargo, se enfoca en otra explicación. Reconoce que, tras las turbulencias financieras, las tasas para las empresas se han normalizado, pero el costo de los préstamos personales permanece alto. Su argumento es que la política monetaria no representa en la actualidad una limitación para el crédito, la demanda interna o la actividad económica.
La carga tributaria, en esa interpretación, se presenta como uno de los principales obstáculos para que las tasas de fondeo más bajas lleguen a los consumidores. Werning indica que la política fiscal podría ser hoy más efectiva que la monetaria para reducir las tasas de los préstamos. En otras palabras, una reducción de los impuestos provinciales y municipales podría contribuir a abaratar el crédito sin alterar las condiciones monetarias.
Este argumento coloca a los gobernadores ante una discusión incómoda, particularmente porque las familias requieren financiamiento más accesible para mantener sus niveles de consumo.





