El Gobierno modificó el Presupuesto 2026 mediante el Decreto 1391/2026, que lleva la firma de todo el Gabinete de Ministros. Esta norma autoriza gastos adicionales por aproximadamente $15,6 billones para lo que resta del ejercicio y reduce en cerca de $7,5 billones el superávit que se esperaba para el cierre del año.
Según el análisis de la Planilla Anexa I, de 564 folios, el aumento representa un 10,2% del crédito presupuestario que estaba vigente hasta el momento, estimado en $152,47 billones.
La principal explicación es la inflación. El presupuesto se elaboró con una pauta anual cercana al 18%, pero la variación de precios acumulada y proyectada para 2026 ya ronda el 33%. Debido a esta diferencia, varias partidas han quedado cortas para afrontar salarios, jubilaciones, gastos operativos y obligaciones financieras.
En los fundamentos, el Poder Ejecutivo aclara que necesita ajustar los créditos para que el Estado continúe brindando sus prestaciones esenciales y cumpla con los compromisos asumidos. También señala que varias dependencias notificaron que no disponían de los fondos asignados, dado que gastaron más de lo previsto inicialmente.
En contraste, los recursos crecen a un ritmo bastante inferior al del gasto. Los ingresos corrientes y de capital aumentan aproximadamente $8,1 billones, y la diferencia de casi $7,5 billones se resta del resultado fiscal. De acuerdo con los cálculos sobre la ejecución presupuestaria, el superávit estimado para 2026 se situaba en $26,4 billones y ahora descendería a aproximadamente $18,9 billones.
Hasta el 16 de noviembre, el sector público acumulaba un saldo positivo cercano a los $33,2 billones. Una parte significativa del gasto adicional se concentrará en las últimas semanas del año.
El refuerzo más importante es para las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que depende del Ministerio de Capital Humano. Este recibe cerca de $10 billones, casi dos tercios de toda la ampliación, siendo el destino más afectado por el aumento de precios en la atención de jubilados y pensionados.
Detrás de PAMI, se encuentra el Servicio de la Deuda Pública. La partida destinada a pagar intereses y comisiones suma unos $3,9 billones, ya que el costo financiero del Estado sobrepasó lo que se había previsto.
En el sector salud, el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, que depende del Ministerio de Salud, recibe cerca de $0,8 billones para su funcionamiento. La Gendarmería Nacional, por su parte, suma unos $0,2 billones para el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas.
El PAMI concentra cerca de $10 billones de la ampliación de créditos, casi dos tercios del refuerzo total.
El recorte más significativo se encuentra en el área de Servicios Económicos, que pierde créditos por aproximadamente $2,3 billones. Esos fondos se redistribuyen de programas económicos a las áreas que el Gobierno considera prioritarias para finalizar el año.
Los $15,6 billones adicionales no implican necesariamente que el gasto real crezca en la misma medida, puesto que en gran parte constituyen una actualización por la inflación. Sin embargo, lo acumulado en ingresos en el año no fue suficiente para cubrir esa diferencia, y el Ejecutivo optó por utilizar parte del superávit para financiar los nuevos gastos. El ejercicio cerraría con un saldo positivo cercano a los $18,9 billones, que es menos de lo previsto, pero aún alejado del déficit.





