ARCA reguló un régimen especial que disminuye en un 50% las multas por infracciones a las obligaciones formales, establecido por el artículo 17 del Título III de la Ley 27.826, y fijó el 18 de diciembre de 2026 como fecha tope para regularizar la obligación que generó la sanción y presentar el trámite digital correspondiente si la multa está en discusión.
Al interpretar la reglamentación, el primer paso para cada contribuyente es determinar si la sanción califica para el régimen. Noelia Girardi, contadora y gerente de Impuestos en Lisicki, Litvin y Abelovich, comentó en diálogo con El Cronista que "el primer aspecto a evaluar es si la multa puede beneficiarse de la reducción del 50% que contempla la Ley 27.826". "No todas las multas son susceptibles de disfrutar de esta reducción", subrayó.
Además, señaló que “si se cumplen los requisitos, es recomendable evaluar esta opción antes de incluirla en un plan de facilidades, ya que son beneficios distintos: el plan permite financiar la deuda, pero no implica una disminución del monto de la multa”. En otras palabras, financiar una multa que podría reducirse a la mitad puede resultar en un mayor costo, o incluso en la pérdida del beneficio.
Una vez confirmado que la multa califica, la elección entre pagarla de una sola vez o financiarla dependerá de “la decisión entre pagar al contado o financiar el importe, que estará principalmente influenciada por la situación financiera de cada contribuyente”, aclaró.
Para aquellos con capacidad financiera, “pagar la multa tras aplicar la reducción puede ser ventajoso para evitar intereses adicionales”, sostuvo.
No obstante, para las empresas que priorizan su capital de trabajo, la especialista en impuestos argumentó que “si se necesita conservar capital de trabajo, será necesario evaluar las alternativas de financiación y comparar el costo de las cuotas con la ventaja de cancelar la obligación”.
Un tema que puede impactar a los contribuyentes son las sanciones que ya habían sido financiadas. El artículo 3° de la resolución establece que se consideran “canceladas” para este régimen las multas cuyo monto hubiera sido consolidado en un plan de facilidades de pago. Como el beneficio solo aplica a las multas no firmes o, si están firmes, no canceladas, esta equiparación deja fuera a las que ya estaban en un plan.
“Un aspecto relevante es qué ocurre con las multas que ya fueron incluidas en planes de pagos anteriores. La RG 5927 establece que las multas cuyo monto fue consolidado en un régimen de facilidades de pago se consideran canceladas a los efectos de este beneficio”, explicó.
También precisó que el alcance de la normativa indica que “si la multa ya estaba adherida a un plan previo al 9 de octubre de 2026, no podrá acceder luego a la reducción del 50%, a pesar de que el contribuyente aún esté pagando las cuotas y no haya finalizado el plan”.
Por esto, la contadora recomendó “revisar si la multa ya fue ingresada en un plan de facilidades, porque esa decisión puede significar la pérdida de la posibilidad de acceder a la reducción”.
La excepción a la norma de que el beneficio aplica sin trámite son las sanciones en discusión. Girardi alertó que “uno de los aspectos a tener en cuenta al momento de realizar el trámite es no asumir que la reducción se aplica automáticamente en todos los casos”, y agregó que “la reglamentación prevé una excepción para las multas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial”.
En esos casos, según la resolución, el contribuyente debe primero regularizar la obligación omitida y luego, hasta el 18 de diciembre de 2026, realizar una presentación en el servicio web “Presentaciones Digitales”, seleccionando el trámite “Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826”.
Luego, debe identificar la multa con el número de sumario, resolución o documento que la determinó, además de otros datos necesarios para su individualización. Girardi advirtió que, “además de cumplir con la obligación formal que dio origen a la sanción, se debe realizar una presentación digital específica, identificando correctamente la multa y el antecedente administrativo o judicial correspondiente”.
El costo de dicha presentación es crucial en la elección. La resolución señala que esto implica la aceptación incondicional de la pretensión fiscal por la porción de la multa no reducida, así como la renuncia a toda acción y derecho, incluyendo las costas y gastos judiciales que puedan surgir.
Sobre este aspecto, Girardi opinó que no necesariamente conviene adherir al beneficio en todos los casos. “Es importante analizar cada situación particular”, aconsejó Girardi, quien afirmó que “si hay argumentos sólidos para cuestionar la validez de la sanción, como fallas en el procedimiento, inexistencia de la infracción, falta de cumplimiento de los presupuestos legales o cuestiones relacionadas con la prescripción, podría ser razonable avanzar con la defensa administrativa o judicial”.
Por el contrario, aclaró que “si las opciones de revertir la multa son reducidas, los argumentos defensivos son débiles o el costo de continuar litigando resulta desproporcionado respecto al monto involucrado, la reducción del 50% podría ser una opción atractiva para cerrar la controversia”.
La especialista enfatizó que la adhesión tiene consecuencias que exceden el ahorro inmediato. “Adherir al beneficio en relación a una multa en discusión no es una decisión neutral: implica un allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la parte no reducida y la renuncia a toda acción y derecho, lo que tiene implicaciones en términos de costas y gastos judiciales”, afirmó.
Además, concluyó que “antes de tomar una decisión, no es suficiente con analizar cuánto se ahorra con la reducción; también hay que considerar las posibilidades de éxito de la defensa y los costos de continuar la discusión”.
La resolución, emitida por el director general de la Dirección General Impositiva del organismo, establece que el beneficio incluye las multas previstas en los artículos 38, 39 y los artículos sin número que se agregan a continuación en la Ley 11.683.
Deben ser correspondientes a obligaciones vencidas desde el 2 de enero de 2026, fecha que marca la entrada en vigencia de la Ley 27.799, y a infracciones cometidas antes del 9 de octubre de 2026, cuando comenzó a aplicarse la Ley 27.826. Adicionalmente, a esa última fecha, las multas no deben estar firmes o, si lo estaban, no haber sido canceladas.
El Decreto 1.253 del 22 de octubre de 2026 aclaró que la calificación de los sujetos alcanzados se comprueba al momento de la falta en el deber formal y que la reducción opera de pleno derecho, siempre y cuando el contribuyente regularice la obligación omitida en los plazos y condiciones establecidos por la Agencia.
La regulación reúne este criterio y precisando que el beneficio se aplica sin que el contribuyente deba llevar a cabo un trámite, excepto cuando la multa está en proceso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial.
El descuento para pymes está condicionado a la documentación que posea la empresa. Según la resolución, quedan incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas de los Tramos 1 y 2 que cuenten con el Certificado MiPyME, obtenido según la Resolución 220 del 12 de abril de 2019 de la anterior Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y sus modificaciones, y que además tengan la caracterización adecuada registrada en el Sistema Registral.
Dado que la calificación se evalúa al momento de la infracción, lo que cuenta es la situación de la empresa al momento del incumplimiento y no la actual.
El régimen también abarca a personas físicas y sucesiones indivisas. En el caso de las entidades sin fines de lucro, incluye a las que están registradas ante ARCA con alguna de las siguientes formas jurídicas: asociación, fundación, cooperativa, cooperativa efectora, consorcio de propietarios, mutual, cooperadora, otras entidades civiles, institutos de vida consagrada, asociaciones simples, iglesias y entidades religiosas, incluida la Iglesia Católica.
En todos los casos, quedan excluidos quienes estén categorizados como Grandes Contribuyentes dentro de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes, de acuerdo con la Resolución General 5.670.
La norma aclara que el beneficio no concede, en ningún caso, la devolución de los montos que se hubieran pagado antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.826. Quienes hayan cancelado una multa antes del 9 de octubre no podrán reclamar el reintegro de la mitad.
Quienes cuenten con una multa incluida en el régimen deben comprobar que cumplen con los requisitos de sujeto, fecha y estado de la sanción, regularizar la obligación que dio origen a la infracción antes del 18 de diciembre de 2026 y, solo si la multa está en discusión, efectuar la presentación digital en el mismo plazo.
Para las pymes, el primer paso es contar con el Certificado MiPyME y con la caracterización registrada en el Sistema Registral, porque sin ambas condiciones la empresa quedará fuera del beneficio.





