La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, con los cuales el gobierno de Javier Milei había derogado las facultades del Estado para regular las cuotas de las prestadoras de medicina prepaga. El tribunal enfatizó que el Poder Ejecutivo no demostró las circunstancias excepcionales que la Constitución exige para legislar por medio de un decreto de necesidad y urgencia.
La resolución provino de un amparo interpuesto contra Swiss Medical SA por una afiliada que objetó los incrementos de precios aplicados por la empresa tras la implementación del DNU.
En su presentación, la afiliada indicó que pertenecía al plan SM02 y que la cuota había aumentado un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, pasando de $136.161,21 a $301.218,02. Argumentó que, si se hubiera mantenido el esquema regulador anterior, el aumento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%.
La reclamante solicitó que se anularan los aumentos dispuestos por Swiss Medical a partir del decreto presidencial.
En primera instancia, el amparo fue desestimado, pero la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró inconstitucionales los artículos impugnados y ordenó que los aumentos se limitaran al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tanto Swiss Medical como el Estado Nacional apelaron ante la Corte Suprema.
Swiss Medical deberá restringir los aumentos de las cuotas al IPC según la resolución de la Cámara Federal de La Plata que declaró inconstitucionales artículos del DNU 70/2023 cuestionados por una afiliada.
Al examinar el planteo, los jueces del máximo tribunal retomaron su doctrina sobre los límites constitucionales que le permiten al Poder Ejecutivo dictar normativas de carácter legislativo a través de DNU.
En este sentido, recordaron que la Constitución permite esta acción únicamente bajo condiciones de “rigurosa excepcionalidad” y cuando hay una situación que impide usar el trámite legislativo ordinario o una urgencia tan significativa que no se puede adaptar a los tiempos habituales de sanción de una ley.
Con este criterio, la Corte concluyó que los artículos impugnados del DNU 70/2023 no cumplían con el control de constitucionalidad.
“De la lectura de los considerandos del decreto en cuestión no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la ley 26.682”, afirmaron los jueces.
El fallo cuestionó que el Gobierno fundamentara la desregulación en una supuesta crisis del sistema de salud y en la necesidad de aumentar la competitividad mediante la liberalización de precios.
Para la Corte, tales explicaciones fueron insatisfactorias: “Estas consideraciones generales no demuestran mínimamente la existencia de una situación de urgencia que deba ser tratada de inmediato en un plazo incompatible con la norma de sanción ordinaria de una ley”.
Los magistrados también destacaron que no es suficiente mencionar una emergencia de forma general, sino que es esencial detallar por qué cada medida adoptada es necesaria para afrontarla.
Particularmente, indicaron que el decreto no aclaró cómo se relacionaba la emergencia económica y social invocada con la decisión de suprimir las facultades estatales para controlar los aumentos de las prepagas.
“Los considerandos del DNU 70/2023 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación”, explicaron en la sentencia.
En otro fragmento del fallo, la Corte reiteró que no se puede recurrir a un DNU simplemente porque sea más rápido o conveniente que el procedimiento parlamentario.
“Cabe descartar de plano criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, al ser ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican la decisión del mismo de imponer un derecho excepcional a la Nación en contextos que no lo son”, consideraron. Agregaron que “el texto de la Constitución Nacional no permite elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la rápida imposición de ciertos contenidos materiales mediante un decreto”.
La Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que eliminaban los controles estatales sobre las cuotas de las empresas de medicina prepaga.
Los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 habían suprimido dos herramientas clave de la ley 26.682: permitir que la autoridad de aplicación revisara los precios de las cuotas y la obligación estatal de fiscalizar y garantizar precios razonables de los planes de salud.
El esquema anterior establecía que los aumentos debían justificarse en función de cambios en la estructura de costos y en un razonable cálculo actuarial de riesgos, y requerían la autorización de la autoridad de aplicación.
Con la modificación impulsada por el Gobierno, las empresas tenían la libertad de establecer los precios de sus cuotas sin restricciones.
La Corte consideró que esa modificación no podía implementarse mediante un decreto sin probar las condiciones excepcionales que establece la Constitución. Por eso, confirmó la declaración de inconstitucionalidad de ambos artículos.
Además, aclaró que el hecho de que el procedimiento de tratamiento legislativo de los DNU previsto en la ley 26.122 esté abierto no limita el control judicial de una norma que ya tiene efectos concretos.
“Ello no puede suponer la sustracción al control judicial de una norma que produce efectos concretos sobre relaciones jurídicas”, defendió el tribunal, advirtiendo también que no se pueden desnaturalizar “los controles necesarios que son imprescindibles para el mantenimiento del Estado de Derecho”.
Finalmente, la Corte confirmó parcialmente la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, aunque revocó otros aspectos de lo resuelto, incluyendo el mecanismo que limitaba los aumentos al IPC.
Así, ordenó que la autoridad de aplicación retome las funciones de control establecidas en la ley de medicina prepaga y que el tribunal de origen emita un nuevo pronunciamiento acorde con los criterios fijados por la Corte.
La sentencia también precisó que la resolución se limita a los artículos cuestionados y no significa un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los otros aspectos del DNU 70/2023.





