La Corte Suprema de Justicia resolvió que el Estado debe regular los aumentos de las cuotas de las prepagas. La decisión se da tras considerar inconstitucionales dos artículos del decreto 70/2023 del gobierno de Javier Milei, que derogaban dicho control y ordenó al Gobierno retomar su función.
El tribunal máximo alertó que “no basta con ‘invocar una emergencia genérica’ como lo hizo el Ejecutivo en ese DNU, sino que es necesario justificar ‘la emergencia y la necesidad urgente de las distintas medidas que se adoptan en el decreto’”.
Con la cuestionada normativa, los aumentos de las cuotas se dispararon en enero de 2024, lo que llevó a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a denunciar a las prepagas. El conflicto se resolvió mediante un acuerdo judicial, donde las empresas se comprometieron a devolver, en cuotas, los aumentos a los afiliados.
Tras esos meses turbulentos, la mayoría de las principales prepagas del mercado se comprometieron de manera informal con el Gobierno a que los ajustes mensuales se alinearan con el último índice de inflación. Esta situación, con algunas excepciones, se mantuvo hasta la fecha.
Ahora, la Corte Suprema cuestiona cómo el Gobierno se apartó de su rol: “Los considerandos del decreto 70/23 no intentan ni siquiera mostrar que existe una relación concreta entre la emergencia económica y social alegada por el Poder Ejecutivo y la necesidad de eliminar las facultades de control de la autoridad de aplicación; no se desprende de sus términos ninguna explicación sobre por qué la eliminación de dichas potestades es necesaria y urgente para mitigar la supuesta ‘crisis económica y social del país’”, afirmaron por unanimidad los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Esta decisión marca la primera en la que se declara la inconstitucionalidad de artículos del DNU 70, ya que las impugnaciones anteriores habían sido impulsadas por partes sin legitimación directa para iniciar esos reclamos.
En este caso, la causa fue presentada por una ciudadana, María Del Carmen Bobbio, contra la prepaga Swiss Medical, luego de un aumento del 110 por ciento en el valor de su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según detalló, de aplicarse la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento hubiera sido solo del 6,26 por ciento.
Así, la mujer solicitó que se declare la inconstitucionalidad de los artículos que derogaron el artículo 5 inciso g y reemplazaron el artículo 17 de la ley 26.682, que imponía el control estatal sobre las cuotas de las prepagas.
El juez de primera instancia desestimó la acción de amparo. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó la sentencia, declaró la inconstitucionalidad de esos artículos y ordenó a la empresa limitar los aumentos de cuotas de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como a la autoridad estatal a retomar sus funciones conforme a la ley y definir el valor de la cuota.
Se argumentó en esa ocasión que el DNU dejaba “a los usuarios expuestos al fenómeno de cartelización en el mercado de salud” y que una decisión de tal naturaleza debía ser adoptada por el Congreso Nacional. Además, se indicó que el Ejecutivo podría haber incluido la iniciativa en sesiones extraordinarias, como lo hizo con otros temas legislativos, y que no estaba comprobada la necesidad y urgencia.
El Estado Nacional y Swiss Medical apelaron. La Procuradora Fiscal consideró que debía confirmarse la sentencia sobre la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU y sobre la orden para que la autoridad estatal retome su control sobre los aumentos.
Los jueces mencionaron un reciente fallo conocido como “Cencosud”, sosteniendo que “la Constitución Nacional no deja dudas de que el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se realiza en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales que constituyen una limitación y no una ampliación de su práctica anterior”.
En la práctica, la decisión de la Corte no implicaría un cambio significativo para los afiliados, ya que lo que se cuestiona es cómo se determinan los aumentos. Esto significa que, si el Estado hubiera fijado los incrementos periódicos de acuerdo con el IPC mensual en lugar de dejarlo “libre” a las empresas, la demanda judicial y sus consecuencias podrían no haber ocurrido.
Clarín consultó a la SSS sobre el nuevo escenario tras el fallo de la Corte. Respondieron que, dado que la sentencia modifica el DNU 70, el tema toca cuestiones que exceden su ámbito y que corresponde a la Casa Rosada brindar las explicaciones pertinentes. Hasta el cierre de esta nota, no hubo manifestaciones al respecto.





