Con un sentimiento de "enorme preocupación", los directivos del sector de la medicina prepaga están analizando en este momento los efectos del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales los artículos del decreto de necesidad y urgencia 70 (DNU 70) que, en diciembre de 2023, liberaron las subas de cuotas de los planes de salud.
Mientras esperan qué hará el Gobierno, también manifestaron -a través de un comunicado de la Unión Argentina de Salud (UAS)- que consideran fundamental establecer un diálogo que busque consensos en los que se les incluya como actores del sistema de salud. La UAS reúne diversas asociaciones de empresas vinculadas a los servicios de salud.
Desde el Gobierno, en tanto, no respondieron a las consultas de LA NACION sobre cuáles serán los próximos pasos tras la sentencia.
En el fallo relacionado con la causa “Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical”, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz ratificaron el rechazo -dispuesto por un tribunal inferior- a los artículos 267 y 269 del DNU 70. Argumentaron no haber encontrado una justificativa para que el Poder Ejecutivo modificara de urgencia una ley, en lugar de enviar un proyecto al Congreso.
El DNU modificó la ley 26.682, eliminando las disposiciones sobre la intervención estatal para la definición de las cuotas de las prepagas.
Respecto al alcance de la sentencia, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó a este medio que su efecto es únicamente para la persona que presentó la demanda.
Esto significa que el fallo no obliga directamente al Gobierno a establecer un mecanismo de regulación de precios. Sin embargo, sí lo insta a hacerlo, sentando un precedente por el cual otros usuarios podrían realizar sus reclamos. Fuentes judiciales indicaron que en la propia Corte hay “cientos de casos similares” que tendrán la misma resolución que el analizado hoy.
La preocupación en las prepagas se centra, por un lado, en los posibles efectos económicos, en un contexto donde -según los directivos- las cuotas presentan un retraso del 18% en relación a la inflación, considerando el período de enero de 2012 a octubre de este año. Esta brecha se fue reduciendo desde la implementación del DNU 70.
“Si se establece un límite artificial a los precios, la calidad y el acceso al servicio se verán perjudicados”, afirmaron directivos de una prepaga, consultados por LA NACION.
Según indicaron, “la salud privada en Argentina forma una cadena de valor que no puede sostenerse con esquemas de control de precios que no reconozcan el impacto de las nuevas tecnologías; la solución para moderar los costos radica en que el Estado separe la demanda de salud, que tiende a ser infinita, de la necesidad real.” De lo contrario, argumentaron, ante demandas constantes de nuevas coberturas, “resulta imposible alcanzar un equilibrio financiero”, ya sea que el financiador sea una prepaga, una obra social sindical o el propio Estado.
A su vez, el sector sostiene que también se ve afectada la “previsibilidad”. Desde mediados de 2024, tras el conflicto entre las prepagas y el gobierno desregulador, las cuotas aumentan cada mes en porcentajes cercanos a la inflación que mide el Indec.
El comunicado de la UAS expresa el “respeto por las decisiones adoptadas por las instituciones de la República”. Igualmente, señala que “la planificación asistencial, las inversiones en infraestructura y tecnología, la incorporación de innovación y la formación de recursos humanos especializados requieren reglas claras y sostenibles a lo largo del tiempo”.
El escrito recuerda que en las últimas décadas, el sistema de salud ha enfrentado “crecientes obligaciones de cobertura, mayores exigencias regulatorias y una constante incorporación de prestaciones de alta complejidad, en un contexto de fuertes tensiones económicas y financieras que afectan a prestadores y financiadores”. Reiterando así una antigua advertencia del sector, se remarca que las regulaciones sobre los servicios a prestar incrementan costos sin la contrapartida de un financiamiento mayor.
“La UAS reafirma su vocación de colaboración institucional y su compromiso con la construcción de un sistema de salud sostenible, previsible y centrado en las personas”, concluye el comunicado.
En consonancia con la resolución de la Corte, se espera ahora que la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (el tribunal que emitió la sentencia previa a la de la Corte) dicte un nuevo fallo que podría precisar los alcances de lo resuelto.
El artículo 17 de la ley 26.682, de regulación de las prepagas, estableció en su momento que la Superintendencia de Servicios de Salud supervisaría y garantizaría la razonabilidad de las cuotas, y autorizaría los aumentos de acuerdo a las variaciones de la estructura de costos y un razonable cálculo actuarial de riesgos. Esa disposición fue eliminada por el DNU 70.
Al caer aquella medida sobre la intervención estatal en los precios, las prepagas quedaron liberadas para determinar sus precios, aunque siempre mantuvieron la obligación de notificarlos a los asociados con cierta anticipación.
Mientras estaba vigente la regulación, aunque la ley indicaba autorizar los aumentos según las estructuras de costos, “en la práctica, la autoridad de aplicación terminó estableciendo porcentajes generales de aumento para todo el mercado, sin considerar adecuadamente las diferencias entre las distintas empresas y sus planes”, explicó a LA NACION Hugo Magonza, presidente de la UAS.
En promedio, el directivo estimó que hay un retraso en las cuotas del 18% frente a la variación del Índice de Precios al Consumidor, considerando 2012 como punto de partida. Sin embargo, añadió que el costo de la atención médica aumentó más que el promedio general de precios.
“En este escenario, una decisión judicial que reabre la discusión sobre las cuotas puede dar lugar a una nueva ola de litigiosidad, con impactos económicos potencialmente multimillonarios”, analizó.
Aunque la ley de prepagas, modificada por el DNU 70, es de 2011, durante años no se estableció un mecanismo para el reajuste de las cuotas que, de todas formas, no estaban liberadas. En 2022 se aprobó un Índice de Costos de Salud, cuya variación definió durante un año y medio los aumentos máximos que podían aplicar las prepagas, así como los reajustes mínimos que debían transferir a los prestadores.
El consultor en temas de salud Patricio Pasman, afirmó que “los cambios permanentes en las reglas de juego, lamentablemente, impactan en un sector que contrata mucho empleo privado registrado”. Agregó que “no está claro cuál es la consecuencia hacia atrás, ya que el fallo aplica solo a un caso”, y consideró que “hacia adelante, podría volver a implementarse el Índice de Costos de Salud”, que se utilizó antes del DNU.
La implementación del decreto respecto a las prepagas fue conflictiva. Al aprobarse la norma, en diciembre de 2023, las entidades llevaban un largo tiempo alertando sobre el retraso de las cuotas frente al aumento de costos. El efecto inmediato de la liberación fue un incremento que acumuló alrededor del 150%, en promedio, solo en cuatro meses de 2024. Y esa fue, en gran parte, la causa de los litigios.
El incremento más alto se registró en enero, aunque la respuesta del Gobierno para intentar controlarlo llegó recién en abril, tras las fuertes repercusiones negativas.
Con la acusación de una supuesta cartelización para definir alzas y a partir de un pedido de investigación realizado por referentes de la Coalición Cívica, la situación escaló hasta convertirse en un conflicto entre el Gobierno autor de la desregulación y las prepagas, que se cerró con un acuerdo judicial que incluyó una suspensión temporal de la parte del decreto referida a esta cuestión.
El exlegislador porteño Hernán Reyes, uno de los impulsores de las denuncias contra los altos incrementos, celebró el fallo de la Corte: “Durante casi tres años, la gente quedó a merced de las empresas, con la complicidad de la superintendencia. Venimos denunciando abusos desde el día uno”, sostuvo.
Luego de ese acuerdo, desde julio de 2024, rige sin cambios la normativa del DNU -la libertad de precios- que ahora está cuestionada por la forma en que fue dispuesta.





