La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto dos artículos del DNU 70/23 y devolvió la intervención estatal sobre los aumentos de las cuotas de medicina prepaga, lo que abre un nuevo conflicto con las empresas del sector.
Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), entidad que agrupa no solo a las prepagas sino a todas las empresas del sistema privado de salud, declaró a Infobae que este pronunciamiento genera "un nivel de inseguridad jurídica enorme" y alertó sobre las potenciales consecuencias que puede tener sobre la continuidad y el alcance de las coberturas.
“Están matando al sistema, la gente se va a quedar sin cobertura”, resumió.
Otro especialista del ámbito manifestó en off the record que interpreta que el fallo cuestiona la posibilidad de que un DNU resuelva estos temas, además de señalar que los aumentos no deberían estar atados al IPC, sino a la estructura de costos de las empresas.
Como informó Infobae hoy, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto de desregulación, que habían eliminado la supervisión estatal sobre los valores de los planes. A partir de la sentencia, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá volver a revisar, fiscalizar y autorizar las variaciones de las cuotas. Esta decisión se conoció en una causa iniciada por una afiliada cuyo plan registró un alza de 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
A raíz del fallo de la Corte, las prepagas ya no podrán aumentar sus cuotas sin la autorización del Gobierno.
Magonza destacó que el caso tiene un alcance individual, aunque cuestionó las consecuencias normativas de la sentencia. “Es un fallo claramente por un caso, pero está declarando inconstitucional el DNU 70/23, lo cual es un problema gravísimo”, afirmó.
Para el titular de la UAS, el decreto había desactivado los mecanismos internos de la Superintendencia relacionados con la regulación de precios. “El Ejecutivo, a partir del Decreto 70, desactiva todas las instancias dentro de la Superintendencia para la regulación de precios. Ya no tiene el control”, planteó. Sin embargo, agregó que, en su opinión, el esquema anterior tampoco se había aplicado como lo prevé la ley.
Magonza mencionó el artículo 17 de la ley 26.682, que regula a las empresas de medicina prepaga. Según explicó, cada entidad debía presentar su estructura de costos y solicitar incrementos que consideraran los gastos directos e indirectos de cada plan. “Esa situación no se dio nunca”, aseguró, y señaló que durante los años de vigencia de los controles predominó un precio uniforme para todo el mercado, con pocas excepciones.
El representante empresarial afirmó que ese modelo produjo un desfase en los valores de las cuotas. “Vivimos doce años de regulación de precio, pero un precio que era único para todo el mundo”, aseveró. A su entender, esta dinámica generó “un retraso arancelario muy grande en promedio”, afectando más a las carteras de afiliados de mayor antigüedad y con mayores cargas de enfermedad.
En ese sentido, vinculó el debate actual con los problemas acumulativos del sistema de salud. “Esto que estamos viendo es un dislate más de un Estado”, expresó, refiriéndose a la actuación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “Dejan que el sistema de salud vaya a la deriva durante más de treinta años”, agregó.
Magonza argumentó que el funcionamiento de las prepagas se encuentra condicionado por normativas, decisiones administrativas y fallos judiciales. Además, criticó que, según su diagnóstico, los tribunales intervengan en las prestaciones que las empresas deben brindar. “El sistema literalmente ya está quebrando”, afirmó, describiendo la decisión judicial como parte de medidas que consideró “claramente populistas”.
La sentencia de la Corte no estableció un límite automático vinculado al Índice de Precios al Consumidor. El tribunal revocó el tramo del fallo de la Cámara Federal de La Plata que fijaba ese parámetro y devolvió a la autoridad de aplicación la facultad de evaluar los aumentos en función de la estructura de costos y cálculos actuariales razonables.
Para Magonza, el restablecimiento del control estatal puede propiciar un aumento de las controversias ante los tribunales. “Le abre una brecha enorme para la judicialización”, dijo. En su lista incluyó devoluciones de dinero, indemnizaciones y acciones colectivas que, según planteó, pueden derivar en reclamos de montos elevados.
“La judicialización se lleva una gran cantidad de los recursos del sistema”, sostuvo. El dirigente advirtió que esos recursos podrían comprometer la capacidad operativa de las compañías y llevar a restricciones en la cobertura. “La gente se va a quedar sin cobertura”, alertó, aunque aclaró que hacía referencia, al menos, a la posibilidad de que los afiliados no mantengan el nivel de prestaciones que tuvieron hasta ahora.
El presidente de la UAS también presentó un cálculo sobre la pérdida de ingresos que, según su descripción, ha acumulado el sector desde la vigencia de la ley. “En solamente catorce años y diez meses, que son los transcurridos hasta octubre de este año, el sistema perdió 18 % de cuota en promedio, pero perdió 24 cuotas, o sea, dos años de recaudación”, afirmó. “Y todavía seguimos dando servicio. Es un milagro, literalmente es un milagro.”
Magonza comparó la situación de la medicina privada local con la de sistemas de salud de otros países. Según su opinión, los planes argentinos ofrecen una calidad y amplitud de cobertura poco frecuentes en la región. “Una cobertura que es única, estupendamente única, lamentablemente imposible de financiar”, sostuvo.
El empresario citó ejemplos de Inglaterra, Canadá, España e Italia para indicar que, a su criterio, los sistemas con cobertura universal enfrentan demoras para consultas especializadas o intervenciones programadas. “No saben lo que están haciendo”, dijo al referirse a quienes apoyan las restricciones sobre las cuotas.
Magonza anticipó que la UAS está preparando un documento con argumentos jurídicos relacionados con el fallo, que planea presentar en los próximos días.
El presidente de la UAS también cuestionó la idea de que la Superintendencia de Servicios de Salud asuma la responsabilidad de revisar precios y decidir sobre coberturas a partir del fallo. Para Magonza, esa propuesta ignora el estado actual del organismo. “La Superintendencia no puede hoy revisar los precios y no puede hoy tomar decisiones sobre las coberturas en el aumento de los valores”, afirmó.
Según explicó, el decreto presidencial desactivó esas facultades y el organismo no podría actuar en contradicción con lo que establece el propio decreto. “La nota como está armada le está atribuyendo una responsabilidad que no va a poder cumplir y no creo que quiera cumplir, porque iría en contra del propio espíritu de lo que quiere el gobierno”, concluyó.





