Este jueves, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anunció su sentencia en un recurso de amparo interpuesto por una afiliada de una conocida prepaga en relación al aumento de su cuota.
El expediente cobró relevancia, ya que su resolución tiene implicaciones para numerosos reclamos en todo el país.
El tribunal declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que eliminaban el control estatal sobre los valores de las cuotas de medicina prepaga. Se informó que es la primera vez que el máximo tribunal declara la inconstitucionalidad de una parte de este decreto.
La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El caso llegó a la Corte a través de los recursos presentados tanto por la prepaga demandada como por el Estado Nacional, en respuesta a una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había fallado a favor de la afiliada.
El impacto del fallo no se limita a este caso en particular. Según se indicó, la Corte tiene cerca de 500 expedientes similares pendientes de resolución, sobre los que este criterio influiría de manera directa.
También podría incidir en los reclamos de otros afiliados que han iniciado demandas en diferentes tribunales del país y en los de quienes ya han pagado aumentos y podrían exigir la devolución de esos montos.
La demanda fue presentada por una afiliada que, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, vio su cuota aumentar de $ 136.161,21 a $ 301.218,02, lo que representa un incremento del 110%.
En su presentación, la mujer argumentó que, si se hubiera aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud de la Nación, el ajuste de enero de 2024 habría sido del 6,26%. Con ese razonamiento, solicitó la anulación de los aumentos posteriores al decreto y la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269.
En primera instancia, su planteo fue rechazado. Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró inconstitucionales ambos artículos y ordenó a la prepaga limitar los aumentos al índice de precios al consumidor (IPC). Esto dio lugar a los recursos extraordinarios que llegaron a la Corte.
Los artículos cuestionados derogaron una disposición de la ley 26.682, la que regula las prepagas, y modificaron otra normativa que establecía que los valores de las cuotas debían estar supervisados por el Estado.
Con la declaración de inconstitucionalidad, la Superintendencia de Servicios de Salud, que actúa como autoridad de aplicación junto con el Ministerio de Salud, deberá volver a revisar las modificaciones en las cuotas para garantizar su razonabilidad. Asimismo, recupera la facultad de autorizar aumentos, que deberán basarse en cambios en la estructura de costos y en un cálculo actuarial razonable de los riesgos.
Un aspecto crucial que el fallo no abordó fue que la Corte confirmó parcialmente la sentencia de la Cámara y revocó la parte que ordenaba limitar los aumentos al IPC.
Esto significa que el tribunal no estableció un techo automático vinculado a la inflación. Lo que se hizo fue devolver al Estado sus competencias de control, de modo que cada incremento de cuota quedará sujeto a los criterios establecidos por la ley que entra nuevamente en vigor. La Procuradora Fiscal ya había sugerido anular ese remedio.
Para alcanzar esta conclusión, los jueces recordaron su doctrina sobre los DNU, reafirmada en el caso “Cencosud”, de agosto de 2026. El Ejecutivo solo puede ejercer facultades legislativas en situaciones de excepcionalidad rigurosa: cuando el Congreso no pueda reunirse por fuerza mayor o cuando la urgencia sea tal que no permita los tiempos de una ley.
Con este criterio, la Corte examinó los fundamentos del decreto y concluyó que no ofrecían una justificación adecuada. Para el tribunal, referirse a una “crisis del sistema de salud” y a la necesidad de “aumentar la competitividad del sistema” al liberar los precios de las prepagas es un planteo demasiado vago. Asimismo, no encontraron una relación concreta entre la emergencia económica y social que mencionó el Gobierno y la decisión de eliminar el control estatal sobre las cuotas.
Los jueces señalaron que, dado que las facultades eliminadas eran de control y pertenecían a organismos del propio Poder Ejecutivo, se requería un esfuerzo de justificación aún mayor. Resaltaron que la mera conveniencia del Gobierno no es suficiente, ya que la Constitución no habilita a elegir entre pasar por el Congreso o imponer contenidos más rápidamente a través de un decreto.





